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 Cuando una pareja decide separarse o divorciarse, es fundamental velar por el bienestar de los hijos. Es por ello por lo que la ley intenta proteger tanto a los menores de edad como a los mayores que carezcan de recursos. El Código Civil en el Título VI (De los alimentos entre parientes), en el artículo 142 dice de forma clara que: «Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica.

Los alimentos comprenden también la educación e instrucción del alimentista mientras sea menor de edad y aun después cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea imputable.

Entre los alimentos se incluirán los gastos de embarazo y parto, en cuanto no estén cubiertos de otro modo».

También la Constitución Española en el artículo 39.3 dice que: «Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda».

           Por lo tanto, y con la ley en la mano, queda claro que los hijos no pueden quedar desprotegidos de forma alguna cuando una pareja decide disolverse, también queda claro que ambos padres son los responsables de la manutención de los hijos que hayan tenido, tanto dentro como fuera del matrimonio. Si bien es cierto, que hemos dicho que el pago de la pensión corresponde a ambos progenitores, también es cierto, que lo normal es que tanto en el Convenio Regulador o en la Sentencia se acuerde que si solo uno de los progenitores tiene un trabajo remunerado, sea este el que se haga cargo de pasar la pensión por alimentos.

           Esta pensión por alimentos se refiere a todo lo que el hijo necesite para su sustento, es decir, incluiría: ropa, comida, vivienda digna, ocio, asistencia médica y por supuesto todo lo referente a su educación. Hay que tener en cuenta que esta cantidad también hay que efectuarla cuando los hijos estén de vacaciones. La cantidad asignada puede haber sido acordada por los padres de mutuo acuerdo, por lo que quedará establecido en el Convenio Regulador; en caso de que haya sido un divorcio contencioso, quedará reflejada en la Sentencia.

           Algo que hay que dejar claro es que al cumplir los hijos la mayoría de edad, los padres no quedan libres de seguir pasando la pensión a sus hijos, siempre y cuando estos estén estudiando, no tengan forma de mantenerse o no tengan recursos propios para hacerlo y sigan viviendo en el domicilio familiar.

           Aparte de los gastos ordinarios que son los que constituyen la pensión por alimentos y que ya hemos citado, también podemos enfrentarnos a gastos extraordinarios. Estos pueden ser necesarios en cuyo caso serán sufragados a medias por los padres. Estos gastos pueden incluir tratamientos bucodentales, prótesis, logopeda, psicólogo, fisioterapia, óptica, clases particulares, es decir, cualquier otro gasto sanitario que no cubra la Seguridad Social, o el seguro médico privado que puedan tener los progenitores. Los no necesarios, son los que van más allá de cubrir las necesidades básicas, como puede ser: clases de baile, de música, de idiomas, viajes al extranjero, colegios o universidades privadas, máster, cursos de verano… En este caso los dos progenitores han de estar de acuerdo, en caso contrario solo el padre que desee que el hijo realice estas actividades correrá con los gastos, (Código Civil artículo 156).

           Si las circunstancias del progenitor que paga la pensión o del que la recibe varían, se podrá instar una demanda de modificación de medidas, de forma que esta podrá aumentar o disminuir. Algo a tener en cuenta, es que se tendrá que seguir pagando la cantidad fijada en principio hasta que se dicte Sentencia. Otro dato que debemos advertir es que la pensión por alimentos no tiene carácter retroactivo, es decir, solo podremos reclamar las que correspondan a los últimos 5 años.

Cuantía de pensión por alimentos.

           Es en la sentencia de divorcio dónde se especificará la cantidad, la forma de pago y de actualización de la pensión por alimentos, tanto si ha sido fijada de mutuo acuerdo o lo ha fijado el Juez. La cantidad irá en función de los recursos de quien tenga la responsabilidad de dar la pensión por alimentos, así como de las necesidades de quien recibe dicha pensión.

¿Qué ocurre si no se paga la pensión por alimentos?

           En este caso estaría incurriendo en un delito de abandono de familia. Podemos reclamarla ante el mismo juzgado que estableció la cantidad, también el cónyuge que tiene la guarda y custodia puede interponer una denuncia penal.

           La pena por no pagar la pensión de alimentos durante 2 meses consecutivos o 4 meses no consecutivos es de 3 meses a 1 año de prisión o multa de 6 a 24 meses, (Código Penal artículo 227.1).

La pensión alimenticia no puede dejar de pagarse voluntariamente. Pero hay que tener en cuenta que si el cónyuge que paga dicha pensión de alimentos pasa por una situación en la que no puede hacer frente a los pagos de la pensión tendrá que solicitar a través de los tribunales una modificación de medidas definitivas.

Como vemos son varios los puntos importantes a tener muy en cuenta, por ello le aconsejamos que si se ha separado o divorciado, no dude en ponerse en contacto con este despacho de abogados, nuestros expertos le atenderán dando respuestas a las cuestiones que se le planteen con respecto a la pensión de alimentos que, siempre según la ley vigente, deben recibir sus hijos.

Esta Nueva Ley recoge reformas del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia.

 Nueva Ley 12/2023.

Por medio de esta Ley se trata de que aumente la oferta de vivienda a precios asequibles, apoyando sobre todo a los colectivos más vulnerables de la sociedad y a los jóvenes. También ofrece a las comunidades autonómicas y diferentes municipios la posibilidad de frenar o reducir el precio del alquiler y a aumentar el parque de vivienda en alquiler social.

Hay que dejar claro que esta Ley solo afecta a los inmuebles que tengan la consideración de vivienda, por lo que los locales o arrendamientos de uso diferente al de la vivienda quedarán fuera de esta Ley.

Por lo tanto, la Ley de Vivienda 12/2023, va dirigida especialmente a los inquilinos, a los propietarios y grandes tenedores, a las administraciones públicas y a las empresas y gestoras inmobiliarias.

Dicha ley afecta a todos los contratos sujetos a la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, quedando modificado en varios artículos.

Nueva definición de gran tenedor.

Esta Ley establece una nueva definición para gran tenedor, detallando que se trata de la persona que sea titular de más de diez inmuebles urbanos de uso residencial en el territorio nacional o una superficie de más de 1.500 m² de uso residencial. Aquí quedarían excluidos los trasteros y los garajes.

Hay que tener en cuenta la diferencia entre grandes y pequeños propietarios en zonas tensionadas.

– Grandes tenedores: son las personas físicas o jurídicas que tengan en propiedad 5 o más viviendas en zonas tensionadas o como máximo 10 viviendas en zonas no tensionadas.
– Pequeños propietarios: son las personas físicas o jurídicas que tengan en propiedad menos de 5 viviendas.

Claves importantes de la Nueva Ley 12/2023.

Otra clave de esta Ley es que independientemente de si el inmueble está en zona tensionada o no, se desvincula el precio del alquiler al IPC, este estará regulado por un índice que entrará en vigor en enero de 2025.

Esta Ley también marca que si el casero no es un gran propietario, las partes podrán llegar a un acuerdo de actualización que consideren oportuno.

Otra cuestión es que el precio del alquiler no se podrá aumentar añadiendo gastos como el IBI o la cuota de comunidad, ya que no corresponden al inquilino.

Los gastos que se deriven de la gestión de la inmobiliaria correrán por cuenta del arrendador, tal como se recoge en la Nueva Ley de Vivienda en el Apartado 1 en su artículo 20.

Esta Ley incluye nuevas medidas frente a los desahucios, estos se llevarán a cabo en la fecha establecida, pero se incluirán nuevas prórrogas en los procedimientos, siendo las comunidades autónomas las encargadas de articular los mecanismos propios de mediación y alternativa habitacional que crean convenientes.

Con la mencionada Ley, el parque público de la vivienda social será considerado como un patrimonio permanente sujeto a protección.

Otro punto a tener en cuenta es que con esta Ley las viviendas que estén desocupadas tendrán un recargo del IBI. Esta medida pretende incentivar el alquiler de las viviendas que lleven vacías más de dos años y para propietarios que tengan más de cuatro viviendas en el mismo municipio, en estos casos el Gobierno permitirá que los Ayuntamientos puedan aumentar la tasa del IBI con un recargo de hasta el 150%.

Ventajas para los propietarios.

Los propietarios de viviendas también tendrán ciertas ventajas con la Nueva Ley, la Disposición final segunda que regula los beneficios fiscales de los propietarios entrará en vigor el 1 de enero de 2024. Aquí se nos dice que los pequeños propietarios que tengan una vivienda en zona tensionada, se les aplicará unos incentivos fiscales en el IRPF para que puedan poner su vivienda en alquiler en las zonas tensionadas.

Derecho a una vivienda digna.

Esta Ley obedece al principio que se recoge en la Constitución Española en su artículo 47, dónde se nos dice que: «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos».

Se podría decir, que esta Ley es la respuesta que da el Estado, dentro de sus competencias constitucionales, para la protección del derecho que todo ciudadano tiene a disfrutar de una vivienda digna.

Como vemos son varios los puntos importantes de esta nueva Ley, por ello le aconsejamos que si tiene dudas respecto a la Ley de Vivienda 12/2023, no dude en ponerse en contacto con este despacho de abogados, nuestros expertos le atenderán dando respuestas a las cuestiones que se le planteen.

Divorcio contencioso.

          Este tipo de divorcio se realiza cuando no existe acuerdo entre los cónyuges. En este caso, una de las partes no está de acuerdo con la solicitud de divorcio ni con las causas que alega la parte que quiere divorciarse.

          El divorcio contencioso viene regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil, concretamente en el artículo 770.

          Este divorcio se aplica cuando las partes no están de acuerdo, pudiendo ser iniciado por cualquiera de los cónyuges sin necesidad del consentimiento de la otra parte, tampoco es necesario dar explicaciones sobre las causas por la que queramos divorciarnos.

Hay que tener en cuenta, que para solicitarlo la pareja debe haber permanecido casada al menos durante tres meses, aunque si existiese riesgo para la vida o la integridad física, psíquica o económica de la parte que comienza la demanda de divorcio, se puede solicitar antes de cumplir esos tres meses.

          Otra cuestión importante es que al ser un divorcio contencioso, el valor económico será mayor que cuando se trata de un divorcio de mutuo acuerdo. Ya que en este caso cada cónyuge acudirá con su propio abogado y procurador.

          También se pueden solicitar medidas provisionales, es decir, todas aquellas referentes a las cuestiones que tengan que ver con los hijos en común, la vivienda, alimentos, el régimen de visitas, entre otras medidas.

          Finalmente, será el juez el que establezca las condiciones que quedarán reflejadas en la sentencia de divorcio.

El abogado.

          Si queremos empezar un proceso de divorcio contencioso, debemos tener en cuenta que lo primero será acudir a un abogado de familia. Un experto que nos ayude con todos los trámites que vamos a tener que realizar.

          Lo primero que hará nuestro abogado será presentar una demanda en el Juzgado de Primera Instancia del domicilio conyugal. Aquí quedarán reflejados de forma clara las pretensiones del demandante respecto a la custodia de los hijos, pensión de alimentos, pensión compensatoria, entre otras cuestiones. Cada una de las partes acudirá con su abogado y su procurador.

          Es importante comentar, que en el caso de que existan hijos menores de edad, la demanda se notificará al Ministerio Fiscal. En el caso de que sean mayores de 12 años, la Ley de Enjuiciamiento Civil expone que estos deben ser escuchados en temas como la guardia y custodia. Procedimiento que nos podemos encontrar también en la Ley de Protección al Menor en su artículo noveno y en la Convención Internacional de los Derechos del Niño.

          En el caso de que la parte demandada conteste a dicha demanda, ya que puede no hacerlo, el demandado puede exponer sus intenciones o bien simplemente puede informarse de la resolución que haya tomado el juez.

          Primero habrá una vista donde se reunirán las partes para ratificar o rectificar las pretensiones y donde se presentarán las pruebas oportunas.

          Una vez finalizados todos estos pasos, será el juez el que dicte sentencia, decretando el divorcio y dejando establecidas las oportunas condiciones.

Documentación.

          El abogado de familia que hayamos elegido será el que nos pida la documentación que vamos a necesitar presentar para solicitar este tipo de divorcio.

          Nos pedirá poder general para pleitos, el certificado de matrimonio, partida de nacimiento de los hijos, escrituras públicas y documentos privados que certifiquen los bienes gananciales, certificados bancarios, planes de pensiones, préstamos, hipotecas, contratos de trabajo, nóminas además de otros documentos que puedan ser de utilidad para el demandante.

          Como vemos son muchos los pasos a seguir, es por ello que si queremos asegurarnos de que la demanda de divorcio que vamos a presentar esté perfecta y correctamente redactada y que cumpla con todos las disposiciones legales, es de vital importancia contar con el asesoramiento de un abogado de familia especializado en divorcios contenciosos.

          Por ello te aconsejamos que si estás buscando un abogado para que lleve tu caso de divorcio contencioso, te pongas en contacto con nosotros cuanto antes. Contamos con abogados especializados en derecho matrimonial y de familia. Nuestra amplia experiencia nos avala. No lo dudes, llámanos cuanto antes sin compromiso para asesorarte sobre tu caso particular.

que todo ciudadano tiene a disfrutar de una vivienda digna.

Como vemos son varios los puntos importantes de esta nueva Ley, por ello le aconsejamos que si tiene dudas respecto a la Ley de Vivienda 12/2023, no dude en ponerse en contacto con este despacho de abogados, nuestros expertos le atenderán dando respuestas a las cuestiones que se le planteen.

Queremos que quede claro que no existe un tiempo para hacer las capitulaciones matrimoniales. Si se realizan antes del matrimonio estaríamos hablando de «capitulaciones prematrimoniales», y si se realizan una vez se esté casado, entonces sería «capitulaciones postnupciales».

CAPITULACIONES PREMATRIMONIALES Y POSTNUPCIALES.

Para que se entienda mejor ponemos un sencillo ejemplo. Si una pareja que en breve tiene previsto casarse quiere hacer capitulaciones matrimoniales para establecer el régimen de separación de bienes, en este caso, cada uno de los futuros cónyuges controlará sus bienes, tanto los que tuviese antes del matrimonio como los que adquiera después de este. En este caso hablaríamos de capitulaciones prematrimoniales, es decir, hechas antes del matrimonio.

          Pero si la pareja ya está casada, también puede hacer capitulaciones matrimoniales para cambiar el régimen económico. Por ejemplo, si están casados en régimen de gananciales, pueden optar por cambiarlo al de separación de bienes. Este sería el caso de las capitulaciones postnupciales, es decir, después del matrimonio.

IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN ABOGADO.

          Esto es algo que no debemos pasar por alto. Es muy importante que si queremos realizar las capitulaciones matrimoniales contemos con el apoyo y asesoramiento de un abogado matrimonialista o de familia. Es fundamental contar con un profesional con la experiencia y conocimientos necesarios para redactar el documento, teniendo en cuenta la situación particular de cada pareja.

          Tengamos en cuenta que el abogado no se limitará a redactar un documento sin más, este profesional tomará en consideración elementos tan relevantes como los hijos de relaciones anteriores, las empresas o propiedades de cada uno de los cónyuges, además de otros factores de importancia, no dejando pasar ningún detalle por alto.

          De esta forma, si queremos asegurarnos de que las capitulaciones matrimoniales estén perfecta y correctamente redactadas y que además cumplan con todas las disposiciones legales, es de vital importancia contar con el asesoramiento de un abogado experto en esta materia.

          Por ello te aconsejamos que si estás buscando un abogado para redactar tus capitulaciones matrimoniales, te pongas en contacto con nosotros cuanto antes. Contamos con abogados especializados en derecho matrimonial y de familia. Nuestra amplia experiencia nos avala. No lo dudes, llámanos sin compromiso y consúltanos tu caso particular.

Importante también es ponernos rápidamente en contacto con un abogado especializado en accidentes de tráfico, para que en todo momento nos guíen en los pasos que debemos dar.

        Un punto a tener muy en cuenta es llamar a los agentes de la autoridad, para que redacten el correspondiente atestado, en ese documento se detallará todo lo relativo a cómo ha sido el accidente. Algo que es primordial de cara a reclamar a la aseguradora responsable para que no quede duda de cómo ocurrieron los hechos. Es aconsejable hacer el parte amistoso, cumplimentando todas sus casillas y especificando que existen lesionados.

        ¿Pero qué ocurre si el vehículo culpable del siniestro se da a la fuga? Entonces sería de gran ayuda haber memorizado la matrícula, el color y modelo del vehículo, es decir, todo aquello que pueda llevar a dar con el conductor a las autoridades pertinentes. Entendemos que en ocasiones hacer esto es complicado, por ello tendremos que verificar estos datos y cualesquiera otros de interés con testigos si los hubiere.

        Todos estos datos son muy importantes a la hora de reclamar una indemnización al Consorcio de Compensación de Seguros, ya que esta será la entidad que se encargará de la correspondiente indemnización. También es crucial valorar los daños materiales ocasionados como consecuencia del siniestro.   

        Para pedir la indemnización por accidente de tráfico hay que tener en cuenta varios aspectos: cuánto tiempo hemos tardado en curarnos, el que hemos estado incapacitados impidiéndonos llevar vida normal, qué tiempo hemos tenido que estar de baja laboral, y si hemos tenido pérdidas económicas como consecuencia de esta baja. En este caso debemos pedir también una indemnización por lucro cesante, de forma muy resumida se trata de la indemnización que nos corresponde por los daños y perjuicios debido a la ganancia que hayamos dejado de tener. Esto lo recoge el Código Civil en su artículo 1106.

        También es fundamental documentar que hemos asistido a las correspondientes sesiones de rehabilitación, de no hacerlo la aseguradora responsable puede pensar que solo hemos necesitado asistencia facultativa y negarse a indemnizarnos.

        El baremo de las indemnizaciones de tráfico para valorar las lesiones y las secuelas derivadas del accidente sufrido, viene establecido en la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, aquí se encuentra la valoración de las lesiones y secuelas tanto físicas como psicológicas.

        Los aspectos que se valoran son varios: edad de la persona accidentada, gravedad de las lesiones y tiempo de recuperación, si ha necesitado ser sometido a operación quirúrgica, grado de recuperación, etc.

El abogado, como figura fundamental.

        Ya dijimos que contar con un abogado que sea experto en accidentes de tráfico es de gran importancia, de que nos pongamos en contacto con este profesional lo antes posible va a depender que se haga efectiva la indemnización que nos corresponda.

        Debemos tener en cuenta que nuestro abogado, será el que en todo momento cuide de nuestros intereses frente a las aseguradoras que por regla general tienden a la baja a la hora de indemnizar, negándose incluso a pagar en ocasiones.

        Como se puede comprobar, es muy importante conocer todo el proceso que lleva a obtener una indemnización por accidente de tráfico, por ello te recomendamos que nos llames cuanto antes sin ningún tipo de compromiso para asesorarte sobre tu caso particular. Nuestra dilatada experiencia al servicio de las víctimas nos permite ofrecer el mejor servicio al mejor precio para conseguir la máxima indemnización.

Criterios para calcular la indemnización.

Son varios los criterios que se siguen para calcular la indemnización. Aquí vamos a tratar los tres más destacados:

1º- Perjuicios personales particulares y excepcionales: aquí se está refiriendo a la dependencia que tiene la persona hacia el fallecido en el accidente de tráfico, la minusvalía, la pérdida de un feto o de un no nato, entre otros factores.

2º- Perjuicios patrimoniales: se trata de las mermas del patrimonio que se produce al morir la persona en el accidente de tráfico.

3º- Perjuicio personal básico: son las cantidades fijas y vinculadas al fallecimiento de la persona solo por el hecho de la pérdida humana. Para calcular de forma exacta esta indemnización existe un baremo.

Diferentes indemnizaciones.

Como ya se ha dicho, dependiendo del parentesco que se tenga con la persona fallecida en el accidente de tráfico, la indemnización será distinta.

– Al cónyuge: la cantidad que recibirá el cónyuge será en función de los años que haya estado casado con la víctima. Hay que advertir que el estar separado, divorciado o si el matrimonio ha sido anulado, no se recibirá ningún tipo de indemnización.

También hay que tener en cuenta, que si la persona que queda viuda tiene alguna discapacidad, o resultase que es el único familiar perjudicado por el fallecimiento, esta cantidad puede aumentar.

– Hermanos del fallecido: cada hermano del fallecido recibirá una indemnización, aunque esta puede aumentar siempre y cuando justifiquen que han tenido unos gastos específicos. Para ello deberán aportar las facturas o tickets pertinentes.

– Familiares y allegados: estas personas también pueden tener derecho a recibir una indemnización, la cantidad a percibir dependerá de la relación más o menos cercana que tuviesen con el fallecido. La cantidad que se obtenga, no solo va a depender del parentesco que se tenga con la persona que haya muerto en el accidente de tráfico, también se tendrá en cuenta la edad de la persona a indemnizar.

En cuanto a los allegados, es algo más complejo, ya que para que estas reciban una indemnización deberán acreditar que ha convivido con el fallecido un mínimo de 5 años. En caso contrario, no tendrán derecho a ningún tipo de indemnización.

Subrayar que para recibir una indemnización por accidente de tráfico, no solo se tendrá en cuenta el parentesco que se tenga con la víctima, hay factores como la edad, si se tiene algún tipo de minusvalía o discapacidad, si el fallecido no trabajaba y se dedicaba a las labores de su casa, si deja hijos ya sean mayores o menores de edad, si estaba jubilado… Como vemos, son muchos los factores a tener en cuanta para calcular de forma correcta la indemnización por fallecimiento en un accidente de tráfico.

Por ello insistimos en la importancia de consultar cuanto antes con un abogado especializado en accidentes de tráfico, ya que el asesoramiento de este profesional es indispensable para solucionar el problema con éxito.

Si has sufrido un accidente de tráfico donde haya habido un fallecido, no dudes en ponerte en las mejores manos, consúltanos sin compromiso. En nuestro despacho de abogados, encontrarás a los mejores expertos, contamos con una amplia y exitosa experiencia en casos de accidentes de tráfico tanto en Sevilla como en su provincia.

No lo dudes, pídenos una cita cuanto antes para que podamos darte el mejor asesoramiento en tu caso particular.

Queremos que quede claro que no existe un tiempo para hacer las capitulaciones matrimoniales. Si se realizan antes del matrimonio estaríamos hablando de «capitulaciones prematrimoniales», y si se realizan una vez se esté casado, entonces sería «capitulaciones postnupciales».

CAPITULACIONES PREMATRIMONIALES Y POSTNUPCIALES.

Para que se entienda mejor ponemos un sencillo ejemplo. Si una pareja que en breve tiene previsto casarse quiere hacer capitulaciones matrimoniales para establecer el régimen de separación de bienes, en este caso, cada uno de los futuros cónyuges controlará sus bienes, tanto los que tuviese antes del matrimonio como los que adquiera después de este. En este caso hablaríamos de capitulaciones prematrimoniales, es decir, hechas antes del matrimonio.

          Pero si la pareja ya está casada, también puede hacer capitulaciones matrimoniales para cambiar el régimen económico. Por ejemplo, si están casados en régimen de gananciales, pueden optar por cambiarlo al de separación de bienes. Este sería el caso de las capitulaciones postnupciales, es decir, después del matrimonio.

IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN ABOGADO.

          Esto es algo que no debemos pasar por alto. Es muy importante que si queremos realizar las capitulaciones matrimoniales contemos con el apoyo y asesoramiento de un abogado matrimonialista o de familia. Es fundamental contar con un profesional con la experiencia y conocimientos necesarios para redactar el documento, teniendo en cuenta la situación particular de cada pareja.

          Tengamos en cuenta que el abogado no se limitará a redactar un documento sin más, este profesional tomará en consideración elementos tan relevantes como los hijos de relaciones anteriores, las empresas o propiedades de cada uno de los cónyuges, además de otros factores de importancia, no dejando pasar ningún detalle por alto.

          De esta forma, si queremos asegurarnos de que las capitulaciones matrimoniales estén perfecta y correctamente redactadas y que además cumplan con todas las disposiciones legales, es de vital importancia contar con el asesoramiento de un abogado experto en esta materia.

          Por ello te aconsejamos que si estás buscando un abogado para redactar tus capitulaciones matrimoniales, te pongas en contacto con nosotros cuanto antes. Contamos con abogados especializados en derecho matrimonial y de familia. Nuestra amplia experiencia nos avala. No lo dudes, llámanos sin compromiso y consúltanos tu caso particular.

Importante también es ponernos rápidamente en contacto con un abogado especializado en accidentes de tráfico, para que en todo momento nos guíen en los pasos que debemos dar.

        Un punto a tener muy en cuenta es llamar a los agentes de la autoridad, para que redacten el correspondiente atestado, en ese documento se detallará todo lo relativo a cómo ha sido el accidente. Algo que es primordial de cara a reclamar a la aseguradora responsable para que no quede duda de cómo ocurrieron los hechos. Es aconsejable hacer el parte amistoso, cumplimentando todas sus casillas y especificando que existen lesionados.

        ¿Pero qué ocurre si el vehículo culpable del siniestro se da a la fuga? Entonces sería de gran ayuda haber memorizado la matrícula, el color y modelo del vehículo, es decir, todo aquello que pueda llevar a dar con el conductor a las autoridades pertinentes. Entendemos que en ocasiones hacer esto es complicado, por ello tendremos que verificar estos datos y cualesquiera otros de interés con testigos si los hubiere.

        Todos estos datos son muy importantes a la hora de reclamar una indemnización al Consorcio de Compensación de Seguros, ya que esta será la entidad que se encargará de la correspondiente indemnización. También es crucial valorar los daños materiales ocasionados como consecuencia del siniestro.   

        Para pedir la indemnización por accidente de tráfico hay que tener en cuenta varios aspectos: cuánto tiempo hemos tardado en curarnos, el que hemos estado incapacitados impidiéndonos llevar vida normal, qué tiempo hemos tenido que estar de baja laboral, y si hemos tenido pérdidas económicas como consecuencia de esta baja. En este caso debemos pedir también una indemnización por lucro cesante, de forma muy resumida se trata de la indemnización que nos corresponde por los daños y perjuicios debido a la ganancia que hayamos dejado de tener. Esto lo recoge el Código Civil en su artículo 1106.

        También es fundamental documentar que hemos asistido a las correspondientes sesiones de rehabilitación, de no hacerlo la aseguradora responsable puede pensar que solo hemos necesitado asistencia facultativa y negarse a indemnizarnos.

        El baremo de las indemnizaciones de tráfico para valorar las lesiones y las secuelas derivadas del accidente sufrido, viene establecido en la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, aquí se encuentra la valoración de las lesiones y secuelas tanto físicas como psicológicas.

        Los aspectos que se valoran son varios: edad de la persona accidentada, gravedad de las lesiones y tiempo de recuperación, si ha necesitado ser sometido a operación quirúrgica, grado de recuperación, etc.

El abogado, como figura fundamental.

        Ya dijimos que contar con un abogado que sea experto en accidentes de tráfico es de gran importancia, de que nos pongamos en contacto con este profesional lo antes posible va a depender que se haga efectiva la indemnización que nos corresponda.

        Debemos tener en cuenta que nuestro abogado, será el que en todo momento cuide de nuestros intereses frente a las aseguradoras que por regla general tienden a la baja a la hora de indemnizar, negándose incluso a pagar en ocasiones.

        Como se puede comprobar, es muy importante conocer todo el proceso que lleva a obtener una indemnización por accidente de tráfico, por ello te recomendamos que nos llames cuanto antes sin ningún tipo de compromiso para asesorarte sobre tu caso particular. Nuestra dilatada experiencia al servicio de las víctimas nos permite ofrecer el mejor servicio al mejor precio para conseguir la máxima indemnización.

Criterios para calcular la indemnización.

Son varios los criterios que se siguen para calcular la indemnización. Aquí vamos a tratar los tres más destacados:

1º- Perjuicios personales particulares y excepcionales: aquí se está refiriendo a la dependencia que tiene la persona hacia el fallecido en el accidente de tráfico, la minusvalía, la pérdida de un feto o de un no nato, entre otros factores.

2º- Perjuicios patrimoniales: se trata de las mermas del patrimonio que se produce al morir la persona en el accidente de tráfico.

3º- Perjuicio personal básico: son las cantidades fijas y vinculadas al fallecimiento de la persona solo por el hecho de la pérdida humana. Para calcular de forma exacta esta indemnización existe un baremo.

Diferentes indemnizaciones.

Como ya se ha dicho, dependiendo del parentesco que se tenga con la persona fallecida en el accidente de tráfico, la indemnización será distinta.

– Al cónyuge: la cantidad que recibirá el cónyuge será en función de los años que haya estado casado con la víctima. Hay que advertir que el estar separado, divorciado o si el matrimonio ha sido anulado, no se recibirá ningún tipo de indemnización.

También hay que tener en cuenta, que si la persona que queda viuda tiene alguna discapacidad, o resultase que es el único familiar perjudicado por el fallecimiento, esta cantidad puede aumentar.

– Hermanos del fallecido: cada hermano del fallecido recibirá una indemnización, aunque esta puede aumentar siempre y cuando justifiquen que han tenido unos gastos específicos. Para ello deberán aportar las facturas o tickets pertinentes.

– Familiares y allegados: estas personas también pueden tener derecho a recibir una indemnización, la cantidad a percibir dependerá de la relación más o menos cercana que tuviesen con el fallecido. La cantidad que se obtenga, no solo va a depender del parentesco que se tenga con la persona que haya muerto en el accidente de tráfico, también se tendrá en cuenta la edad de la persona a indemnizar.

En cuanto a los allegados, es algo más complejo, ya que para que estas reciban una indemnización deberán acreditar que ha convivido con el fallecido un mínimo de 5 años. En caso contrario, no tendrán derecho a ningún tipo de indemnización.

Subrayar que para recibir una indemnización por accidente de tráfico, no solo se tendrá en cuenta el parentesco que se tenga con la víctima, hay factores como la edad, si se tiene algún tipo de minusvalía o discapacidad, si el fallecido no trabajaba y se dedicaba a las labores de su casa, si deja hijos ya sean mayores o menores de edad, si estaba jubilado… Como vemos, son muchos los factores a tener en cuanta para calcular de forma correcta la indemnización por fallecimiento en un accidente de tráfico.

Por ello insistimos en la importancia de consultar cuanto antes con un abogado especializado en accidentes de tráfico, ya que el asesoramiento de este profesional es indispensable para solucionar el problema con éxito.

Si has sufrido un accidente de tráfico donde haya habido un fallecido, no dudes en ponerte en las mejores manos, consúltanos sin compromiso. En nuestro despacho de abogados, encontrarás a los mejores expertos, contamos con una amplia y exitosa experiencia en casos de accidentes de tráfico tanto en Sevilla como en su provincia.

No lo dudes, pídenos una cita cuanto antes para que podamos darte el mejor asesoramiento en tu caso particular.

Esta reforma, entre otros asuntos aumentó los plazos de cancelación de antecedentes penales. De esta forma, el Código Penal artículo 33 y atendiendo a su naturaleza y duración clasifica las penas en: graves, menos graves y leves. Siendo en el artículo 13 del Código Penal, donde se realiza una clasificación de estos delitos. El mencionado artículo dice:

1. Son delitos graves las infracciones que la Ley castiga con pena grave.

2. Son delitos menos graves las infracciones que la Ley castiga con pena menos grave.

3. Son delitos leves las infracciones que la ley castiga con pena leve.

Delitos graves

Según el Diccionario del español jurídico (2019), el delito grave es un hecho punible legalmente castigado con pena grave. Son penas graves las que superan los cinco años de prisión y las inhabilitaciones y suspensiones igualmente superiores a cinco años.

El Código Penal puntualiza que son delitos graves las infracciones que la Ley castiga con pena grave (13.1); cuando la pena, por su extensión, pueda incluirse a la vez entre las mencionadas en los dos primeros números de este artículo, el delito se considerará, en todo caso, como grave (13.4)

Una vez que sabemos qué se entiende por delitos graves, queda saber qué penas recaerán sobre quien cometiese este tipo de delito. Para ello, debemos recurrir de nuevo al Código Penal artículo 33.2, donde dice que las penas graves son:

a) La prisión permanente revisable.

b) La prisión superior a cinco años.

c) La inhabilitación absoluta.

d) Las inhabilitaciones especiales por tiempo superior a cinco años.

e) La suspensión de empleo o cargo público por tiempo superior a cinco años.

f) La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a ocho años.

g) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas por tiempo superior a ocho años.

h) La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, por tiempo superior a cinco años.

i) La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo superior a cinco años.

j) La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo superior a cinco años.

k) La privación de la patria potestad.

Como ejemplo de delitos graves podemos citar el artículo 138.1 del Código Penal, donde claramente habla de un Delito de Homicidio: «el que matare a otro será castigado, como reo de homicidio, con la pena de prisión de diez a quince años».

Otro ejemplo sería haber provocado serias lesiones a una persona, tal como se recoge el artículo 149.1 del Código Penal: «el que causara a otro, por cualquier medio o procedimiento, la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro principal, o de un sentido, la impotencia, la esterilidad, una grave deformidad, o una grave enfermedad somática o psíquica, será castigado con la pena de prisión de seis a 12 años».

Como vemos en ambos casos las penas impuestas son superiores a cinco años, por ello será considerado un delito grave.

Otros delitos graves son: el terrorismo, la traición, provocar incendios, la violación, el robo, el secuestro, el tráfico de drogas y armas…

Delitos menos graves

Según el Diccionario del español jurídico (2019), el delito menos grave es un hecho punible legalmente castigado con pena menos grave. Son penas menos graves las que no superan los cinco años de prisión y las inhabilitaciones y suspensiones igualmente no superiores a cinco años.

El Código Penal artículo 13.2 dice que: «son delitos menos graves las infracciones que la Ley castiga con pena menos grave».

Las penas por este tipo de delitos se especifican en el Código Penal artículo 33.3, donde dice que las penas menos graves son:

a) La prisión de tres meses hasta cinco años.

b) Las inhabilitaciones especiales hasta cinco años.

c) La suspensión de empleo o cargo público hasta cinco años.

d) La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de un año y un día a ocho años.

e) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a ocho años.

f) Inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales de un año y un día a cinco años.

g) La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, por tiempo de seis meses a cinco años.

h) La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo de seis meses a cinco años.

i) La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo de seis meses a cinco años.

j) La multa de más de tres meses.

k) La multa proporcional, cualquiera que fuese su cuantía, salvo lo dispuesto en el apartado 7 de este artículo.

l) Los trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y un días a un año.

Un ejemplo de delitos menos graves sería conducir bajo los efectos del alcohol (Código Penal, artículo 379.2); otro ejemplo sería el delito de hurto, el Código Penal artículo 234.1 dice: «el que, con ánimo de lucro, tomare las cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño será castigado, como reo de hurto, con la pena de prisión de seis a dieciocho meses si la cuantía de lo sustraído excediese de 400 euros».

En ambos casos al ser las penas impuestas inferiores a cinco años se consideran delitos menos graves.

Delitos leves

El Código Penal dice que los delitos leves son: «las infracciones que la ley castiga con pena leve» (13.3); «cuando la pena, por su extensión, pueda incluirse a la vez entre las mencionadas en los dos primeros números de este artículo, el delito se considerará, en todo caso, como grave; (13.4) cuando la pena, por su extensión, pueda considerarse como leve y como menos grave, el delito se considerará, en todo caso, como leve».

Importante es mencionar que con la entrada en vigor de la reforma del Código Penal de 1 de julio del 2015, se derogó el Libro III «faltas y sus penas» del Código Penal, con lo cual las faltas desaparecieron del ordenamiento jurídico.

De esta forma hechos que antes se consideraban faltas son ahora delitos leves, pero hay que tener en cuenta que no a todas las faltas les pasa esto, ya que hay algunas que desaparecen a favor de la jurisdicción civil o administrativa.

Las penas por este tipo de delitos se especifican en el Código Penal artículo 33.4, ninguna de ellas de prisión. Penas leves son:

a) La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de tres meses a un año.

b) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas de tres meses a un año.

c) Inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales de tres meses a un año.

d) La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, por tiempo inferior a seis meses.

e) La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo de un mes a menos de seis meses.

f) La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo de un mes a menos de seis meses.

g) La multa de hasta tres meses.

h) La localización permanente de un día a tres meses.

i) Los trabajos en beneficio de la comunidad de uno a treinta días.

Según el Código Penal algunos delitos que se pueden calificar de leves son: delito de hurto, delito de daños, delito de estafa o de apropiación indebida para cuantía inferiores a 400€, delito de coacciones, delito de allanamiento de domicilio de persona jurídica, utilización ilegítima de vehículo a motor, delito de abandono de animales…

Desde tumejorabogado.es, te aconsejamos que busque la ayuda y el asesoramiento de un profesional si has sido objeto de un delito, un abogado penalista que luche por tus intereses. En nuestro despacho encontrarás todo el asesoramiento necesario, contamos con una dilatada experiencia en este tipo de casos. Por ello te animamos a que te pongas en contacto con nosotros cuanto antes.

Como es normal, la pareja durante el tiempo que ha permanecido unida ha podido comprar una casa, adquirir bienes, tener hijos, cuestiones que a la hora de la separación hay que tener en cuenta, al igual que se tienen, cuando tratamos con una pareja que sí ha contraído matrimonio.

Dejar claro que una pareja no matrimonial es aquella donde conviven dos personas del mismo o diferente sexo, y que teniendo una relación sentimental no están casadas. Por lo tanto, al no tratarse de un matrimonio, los derechos y obligaciones entre ambos en ocasiones pueden ser diferentes a cuando se está casado.

De forma concisa, vamos a exponer las similitudes y diferencias que existen entre un matrimonio y una pareja no casada en cuanto a derechos y deberes:

Hijos. Los hijos de una pareja no casada están igual de protegidos que los de un matrimonio. Por lo tanto, a la hora de la separación, judicialmente se tendrán en cuenta temas como: guarda y custodia, visitas, pensión por alimentos, es decir, todo lo que tenga que ver con el bienestar de los hijos. Las medidas a tomar serán exactamente iguales que si estuviesen casados, lo que variará será el procedimiento judicial.

Viudedad. Cuando fallece una de las personas que forman la pareja sin estar casadas, la parte que solicite cobrar la pensión por viudedad ha de demostrar que ha convivido con su pareja un mínimo de 5 años, y que al menos han estado registrados como pareja de hecho por 2 años.

Ruptura. Cuando una pareja de hecho se separa, no se le aplica el régimen de gananciales ni de separación de bienes. Tampoco tiene derecho a pensión compensatoria, a no ser que lo hayan pactado al inscribirse como pareja de hecho.

Testamento. En general, si la pareja no lo ha dejado claro en el testamento, no heredará absolutamente nada. Aunque hay comunidades como: Aragón, Baleares, Cataluña, Navarra y País Vasco, que en algunos casos reconocen derechos de sucesión similares a los de las parejas casadas.

Los derechos y deberes dependerán de lo que haya regulado cada Comunidad Autónoma, pero por lo general la mayoría se ajustará a lo que dice el Código Civil.

Como decimos siempre, es muy conveniente consultar estas cuestiones con un abogado de familia, ya que insistimos en que dependiendo de la Comunidad Autónoma pueden existir diferencias.

Medidas paternofiliales.

Las medidas paternofiliales, es el proceso judicial que va a determinar las medidas a tomar para proteger a los hijos de la pareja sin tener en cuenta el estado civil, por lo tanto, da igual si es una pareja de hecho, de un matrimonio o de ninguna de estas. Aquí de lo que se trata es de la protección de los menores (artículo 158 Código Civil).

El procedimiento podrá ser de mutuo acuerdo o contencioso.

Mutuo acuerdo. Será nuestro abogado el encargado de redactar un convenio regulador, donde dejará reflejado lo que los progenitores hayan acordado respecto a sus hijos.

Contencioso. Al no existir mutuo acuerdo en este caso será el juez el que decida las medidas a tomar, siempre en beneficio del menor.

Tanto en un caso como en otro, los aspectos a tratar serán:

1º- Guarda y custodia de los hijos. Se decidirá quién se queda a cargo de los hijos, o si se prefiere que la custodia sea compartida.

2º- Visitas. En caso de que una de las partes se quedase a cargo de los hijos, se determinará cuándo tendría derecho el otro progenitor a visitarlos.

3º- Vivienda familiar. Aunque la vivienda seguiría siendo de los dos, solo uno de ellos tendría el uso y disfrute de ella. Normalmente, será la parte más desfavorecida la que permanezca en la vivienda, o la parte que se quede al cuidado de los hijos.

4º- Pensión por alimentos. Independientemente de quién tenga la custodia, se tendrá en cuenta los ingresos de los progenitores a la hora de pasar una pensión por alimentos a los hijos.

Hay una serie de medidas que podemos ver de forma más amplia en el artículo 748 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC).

Tanto si es de mutuo acuerdo como si es contencioso, será el juez competente el que ratifique las medidas definitivas.

En tumejorabogado.es contamos con los mejores abogados en derecho de familia, por ello te animamos a que contacte con nosotros. Llámanos e infórmate, te ayudaremos.

Para interponer la reclamación en los juzgados es importante tener varios factores en cuenta:

1º- Debemos demostrar que hemos agotado la vía amistosa, para ello enviaremos a la persona que nos debe dinero un burofax donde le diremos la cantidad que nos debe, y las medidas que tomaremos en caso de que la deuda no sea satisfecha.

2º- Presentar pruebas de que la deuda ya ha vencido.

3º- Documentar la deuda, es decir, presentar los documentos que acrediten que esa persona realmente nos debe dinero. Podemos entregar, cartas, e-mails, facturas, albaranes, etc.

Presentar la reclamación.

 Una vez presentada la pertinente documentación en el Juzgado, este nos lo comunicará por escrito, dándole a la otra parte el plazo de 20 días para que pague la cantidad adeudada. Aquí pueden ocurrir dos cosas:

1º- Que la persona a la que reclamamos la deuda no se oponga, entonces el Juzgado reconocerá la deuda y podremos solicitar el pago de lo adeudado.

2º- Que la persona se oponga al monitorio, justificando el motivo por el que se opone. En este caso se procederá judicialmente, siendo totalmente imprescindible que contemos con un abogado y un procurador.

Evidentemente, una pregunta que surge es una vez efectuados todos estos trámites, cuánto vamos a tardar en cobrar la deuda. A esta pregunta debemos responder que hay veces que con el simple hecho de presentar la reclamación y de que el Juzgado notifique al deudor lo que debe, es suficiente para que este abone la cantidad requerida. En este supuesto, el plazo que establece el Juzgado es de 20 días.

Pero si el deudor se opone y justifica el motivo de esta oposición, tendremos que esperar a que se celebre el juicio. Por ello insistimos en que es muy importante poner nuestro caso en manos de un buen profesional, para que agilice los trámites, dando los pasos oportunos para que cobremos rápidamente.



 En tumejorabogado, contamos con los mejores abogados especializados en procedimiento monitorio, expertos que estarán encantados de prestarte un asesoramiento y asistencia personalizada. Por lo que te animamos a que cuanto antes te pongas en contacto con nosotros.